La época agónica que precedió a los primeros meses de José María Aznar en 1996, venía anunciada de propósitos regeneradores, anunciando una segunda transición que culminara la construcción del Estado Autonómico y la regeneración de la vida pública. Y aunque el tiempo vino a descafeinar aquellos propósitos (pues nunca se desclasificaron los papeles del CESID, ni se investigaron y sancionaron debidamente las corrupciones habidas en los años de Felipe González), no es menos cierto que el terrorismo fue perseguido desde la firmeza del Estado de Derecho como nunca antes lo había sido.

Es el manifiesto “economicismo” lo que preocupa a un sector conservador español del triunfo del Partido Popular. Sector que no por crítico ha dejado de votar y apoyar la opción no socialista en España. Recientemente han manifestado su preocupación por la derogación o mantenimiento de todas las leyes de pura ingeniería social que el nuevo gobierno heredará. Leyes en materia de Derecho a la Vida, del concepto de familia, de la organización de la educación y del papel de los medios de comunicación.

Es precisamente la intelectualidad más regeneracionista la que aboga por un urgente cambio de valores en la sociedad como motor de un giro ético que levante a la sociedad de su pasividad y la convierta, de nuevo, en el sujeto de la Nación. Estos intelectuales, presentes en medios de comunicación críticos con el socialismo, abogan por la recuperación del sentido del sacrificio, la austeridad, la abnegación, la eliminación de la “envidia igualitaria”, la eliminación de los “dispendios administrativos” y el materialismo que reina en las sociedades occidentales. Para ello abogan por el sentimiento de lo sagrado como motor de esa regeneración.

Lo cierto es que España, en Noviembre de 2011, con la mayoría absoluta del Partido Popular ha cruzado un umbral que supone una esperanza y, también, una gran incógnita. La tan necesaria reforma de la Administración de Justicia, los irrisorios salarios españoles en comparación con los europeos, la pésima calidad educativa, las prácticas corruptas de subvención a infinidad de asociaciones parasitadas, a partidos y administraciones para fines nada claros y la desigualdad creciente entre comunidades autónomas, suponen un reto de dimensiones colosales.

Los malos resultados del Partido Popular en las provincias vascas o catalanas no auguran un futuro tranquilo. La dinámica separatista seguirá en marcha gracias a una ley electoral que no parece querer ser modificada. Ley que permite que el voto no valga lo mismo en cualquier rincón de España. La falta de tutela en los contenidos educativos permitirá que el adoctrinamiento en contenidos de falseamiento de la Historia común continúe creando generaciones de españoles poco afectos con el común de sus compatriotas. La amenaza de un partido como Amaiur, heredero del legado ideológico del marxismo leninismo de ETA y el triunfo obtenido de este movimiento –que le permite tener y estrenar grupo propio en el Congreso de los Diputados- augura una tensión creciente en la unidad nacional ya muy debilitada.

¿Qué hacer? ¿Qué esperar del nuevo Gobierno del Partido Popular?

El vendaval desatado por la prima de riesgo amenaza con hacer imposible otra gestión que no sea la económica. Las medidas de ajuste vienen impuestas desde el exterior. Morgan Stanley, el FMI, el BCE y la UE marcan el tiempo. No hay margen mientras esperan vencimientos de 300.000 millones (200.000 públicos y 100.000 del sector financiero) en 2012. Amenazan cribas de funcionarios públicos, subidas de impuestos, reforma de la legislación laboral, bajada de las pensiones. Medidas nada tranquilizadoras y que con una Nación con cinco millones de parados, comenzarán a hacer difícil, muy difícil la convivencia social. Hay quien habla de creación desde los Estados de la mismísima lucha de clases para endurecer el control de éstos sobre los ciudadanos. Lo cierto es que, como nos planteaba Ronald Reagan en “Time for choosing”: Que el Pueblo es la fuente de la soberanía. Y que la cuestión es si creemos en la capacidad del autogobierno o si abandonamos y confesamos que una élite, -en otro lugar distinto al nuestro- pueda planificar nuestras vidas mejor que nosotros mismos. No debemos escoger entre derecha o izquierda, sino entre arriba y abajo. Arriba, el sueño antiguo del hombre por su máxima libertad, abajo, el hormiguero del totalitarismo.

Ese es el reto del nuevo Gobierno en España. Más libertad o más servidumbre.

Publicado en The Americano

Mas no era la socialdemocracia europea al uso la que tomó las riendas en la vieja España. Pronto se demostró que, tras la inmediata y cobarde retirada de las tropas españolas de Iraq, despuntaba un proyecto antropológico que vio rápido reflejo en leyes que iban a transformar la personalidad de la sociedad, en un claro proceso ya definido como de “Ingenieria Social”. Leyes como el Divorcio Express (que permitió romper el vínculo matrimonial de forma unilateral por uno de los conyuges y con más rapidez que lo que podía tardar un ciudadano en cambiar de compañía de telefonía móvil); como la del Aborto (que iba a considerar la interrupción del embarazo –con resultado evidente de muerte provocada del feto- como un derecho de la mujer, e, incluso de la menor de 16 años y sin consentimiento ni conocimiento de sus padres); como la Educativa, derogando en las primeras semanas de gobierno socialista, la naciente Ley de Calidad (LOCE) que pretendía acabar con los errores de una normativa igualitaria y que había llevado a toda una generación de españoles a la incultura y el atraso; como la Violencia de Género, que, con claro apoyo en la doctrina nazi de autor, rompía con la igualdad ante la Ley (triunfo del conservadurismo) para considerar al hombre culpable de inicio frente a una denuncia de una mujer, y aplicar distintas penas ante iguales hechos. Leyes como las de los Matrimonios Homosexuales, que equiparaban las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio heterosexual.

Zapatero ha sido el gobernante que, para perplejidad de todo Occidente, ha puesto en cuestión la esencia e identidad de su propia Nación. Cuando dijo en sede parlamentaria que “España era un concepto discutido y discutible”, nadie podía imaginar que llevaría a cabo una modificación de la Constitución burlando todos los procedimientos legales para ello y provocando la ruptura de la ya débil cohesión entre las regiones de España. Su connivencia con los nacionalismos catalán y vasco, le llevó a pergeñar unos nuevos Estatutos de Autonomía (no contemplados en el Programa electoral del PSOE) que traspasarían los límites de la solidaridad, la igualdad y la cooperación entre territorios, levantando murallas en torno a la gestión de recursos básicos como el agua, la sanidad y provocando que un ciudadano nacido en un rincón de la Nación ya no tuviera los mismos derechos y prestaciones que otro igualmente nacido en otro punto. Zapatero, curiosamente, adalid de un socialismo que dice defender la igualdad, ha levantado y reforzado el carácter de 17 taifas neo-feudales que, con un elevado endeudamiento y pésima gestión.

Este desarme moral, educativo y nacional ha culminado con una pésima gestión de la crisis sistémica que se ha desatado sobre la Economía Mundial desde 2008. Heredero de unas arcas llenas que recibió del Partido Popular, Zapatero ha derrochado el dinero público en subvenciones a sindicatos, organismos innecesarios, asociaciones satélites y creaciones políticas como las de la “Memoria Histórica” (dirigidas a resucitar viejos enfrentamientos ya olvidados de una guerra civil superada). Autor de un discurso obrerista, no ha dudado en posicionarse del lado de las estructuras financieras desplegando ayudas y cerrando las posibilidades de supervivencia a las pequeñas y medianas empresas. Incapaz de ofrecer un nuevo marco laboral ha visto crecer ante sus pies la cifra de parados hasta cerrar su gobierno en la desesperada cifra de los cinco millones, dejando una España en situación pre-revolucionaria.

Nulo en defensa de la Familia, Zapatero ha impulsado cuestiones como la “Educación para la Ciudadanía”. Auténtico instrumento de adoctrinamiento en las escuelas sin posibilidad de que los padres puedan intervenir en la educación de sus hijos: lucha de clases, desprecio de la iniciativa privada, pansexualismo, hedonismo, auténtica apología de la desobediencia y de la anarquía.

Zapatero concluye una época. Ha llevado a España a la ruina entre sus regiones, a la desesperación de millones de desempleados, a la pérdida de su soberanía. Zapatero. La historia de una plaga que ha concluido. A los españoles les queda atravesar el desierto que deja su Gobierno.

Aquel aserto de la división de poderes como requisito indispensable para tener una Democracia es en España, como en ningún otro lugar de Europa una petición urgente. Muchos dan por buena la situación que tenemos. Otros, se lamentan con la boca pequeña porque saben que, cuando gobiernen “los suyos”, habrá jueces de su corriente ideológica para entender de los asuntos que resulten críticos.

Lo cierto es que el actual sistema de elección y gobierno de los Jueces no fue siempre así. No hasta 1985. Hasta ése momento y tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, el Consejo General del Poder Judicial se crea con 20 miembros, mas el Presidente del Tribunal Supremo. De estos 12 se elegían entre jueces y magistrados, y 8 -4 en el Congreso y 4 en el Senado- de entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio. El Partido Socialista acaba con éste sistema y de los 12 miembros que se elegían entre los jueces por sí mismos, se pasa a los 20 que se señalan en el Parlamento por mayoria de 3/5. Es la muerte de uno de los pilares de la democracia.

La dudosa constitucionalidad de aquella norma, fue avalada por el Alto Tribunal que, no obstante, advertía de que con ello se frustraba el objetivo de independencia buscado por el Texto del 78. Y así fue. Desde entonces ya hemos visto el fruto perverso de la apropiación porque ese Consejo General del Poder Judicial interviene en cuestiones vitales del Estado: Informe de leyes de politica judicial, facultad de proponer reformas legislativas, participación en el tramite de nombramiento del Fiscal General del Estado y de los magistrados del Constitucional, y, por encima, de todo, el control de los ascensos en la carrera judicial.

El control de la judicatura por los partidos politicos ha resultado profundamente antidemocrático y perverso. Ya hemos visto el funcionamiento en estos años. Los jueces de las dos principales asociaciones, -afines a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP- son los que sobresalen. La independencia ha quedado proscrita.

Fundaciones internacionales como la Word Economic Forum colocan a España por detrás de paises como Namibia, Botswana, Malawi o Gambia en materia de independencia judicial.

Bildu ya está en los Ayuntamientos. En nuestra mano está conocer quién es el enemigo y quién es el culpable de que Bildu amenace ahora la libertad de muchos españoles en Vascongadas.

Solo una Justicia Libre puede salvarnos. Y no será ésta Justicia.

Los Estatutos de Autonomia fueron aprobándose, desarrollandose, sobrepasando con el tiempo el mismo espíritu para el que habian sido creados y haciendo necesarias Leyes Organicas para armonizar competencias.

Dos fuerzas centrifugas impulsaban el desguazamiento de España: el terrorismo y la propia ley electoral. Esas dos fuerzas se constituyeron en instrumentos de chantaje permanente sobre todo el pueblo español. La primera desde la sangre y el miedo; la segunda, desde la extorsión que da la fuerza de saberse eterna bisagra en cualquier gobierno y tener preparada la lista de peticiones exclusivas y excluyentes para hacer posible la gobernabilidad.

Asi fueron pasando los años, hasta que de la capacidad de maniobra del llamado “Estado Central” apenas quedó ya un 20 %. Ni la Sanidad, ni la Educación (intrumento por el cual se ha educado a la juventud en el desconocimiento primero, y en el odio a España, después) pudieron servir para reflotar la situación. Se rompió el vínculo y obligación de un servicio militar común. Se rompió la independencia del Poder Judicial. Se doblegó a las Cajas de Ahorro para que abandonaran su fin social y se constituyeran en palancas de poder y financiación de los enclaves autonómicos.

Y llegamos a la Estación de Atocha y a los 192 muertos. Y de aquellas ruinas nace un nuevo gobierno en jornadas de acoso al partido que habia gobernado, rompiendo el respeto y neutralidad de las horas de reflexión pre electoral. Un gobierno que pronto anunció su intención de abrir paso a nuevas reformas estatutarias. Y se propicia entre Artur Mas y Zapatero un borrador de un Estatuto que iría mucho más alla de lo que cualquier Estado Federal en Europa contiene.

Poco importó si la votación y aprobación de aquel texto (cuasi constitucional) fuese en porcentajes irrisorios que en cualquier nación occidental no hubiesen sido considerados validos. Poco importó que en las otras autonomías gobernadas por el PP como Valencia se siguiera esa Hoja de Ruta, o que en Andalucia el PP aprobara lo que al Estatuto de Cataluña le discutía en materia competencial. El nuevo régimen se abría paso.

A toda la Nación Española le pareció que el envite de Ibarretxe constituía un cisma de tintes luteranos si lo explicamos en terminos religiosos. Pero quedó. Y muchos nos preguntamos qué nos reservaba éste Presidente “por accidente” para la región vascongada. Para esa otra fuerza centrífuga que luchaba por desgajar España. Pronto se vislumbró: “La Paz”. El anhelo de Zapatero por ser aquel que derrotó al terrorismo.

Derrotar al miedo y al terror. La cuestión no era, ni es, que fuerzas terroristas o para-terroristas manifestaran un “arrepentimiento” por los crímenes cometidos (más de mil asesinatos, robos, extorsiones, exilios, dramas personales y familiares, etc), sino la legitimación en pie de igualdad de una ideología separatista que, por su mera concurrencia en unas elecciones, pretende destruir la Unidad Nacional y construir un Estado Socialista y Totalitario.

De poco sirvió el ejemplo del Tribunal Constitucional Alemán que, en los años 50, declaró fuera de la ley los partidos comunistas y nazi por su trasfondo totalitario y antidemocrático. De poco sirve que, en Francia, por ejemplo, los partidos separatistas no puedan tener siquiera un hueco porque son directamente alegales.

Quizá aquellos trenes tenían todavía una estación por recorrer. Quizá quedaba una bomba sin explotar. Quizá era necesario tener que aceptar que estas fuerzas corrosivas y nihilistas se estén aprestando ya para apropiarse de fondos públicos desde los que crecer y sembrar esa semila de serpiente desde la que ahogar la Nación y la dignidad de un pueblo.

Se han servido de esos treinta años transcurridos de aquel plan puesto en marcha. Nadie a primeros de los años 80 pudiera haber imaginado que los Tribunales hicieran legal lo que ahora ha sido declarado tan legitimo como PSOE, PP, UPyD o cualquier otro partido.

La puerta la abrieron, y no debemos olvidarlo nunca, quienes rompieron la independencia del Poder Judicial en 1985, y quienes pudiendo restaurarla en 1996 no lo hicieron.

Publicas son las caras de esos Magistrados del TC que han propiciado una resolución que, a muchos, nos provoca algo más que tristeza o indignación. Pero al igual que sostengo que Zapatero se podrá ir, pero el ejemplo sembrado por él permanecerá porque Zapatero ya somos todos, esos rostros de esos magistrados, no son sino el espejo donde millones de españoles se han de mirar para interrogarse cómo ha sido posible llegar hasta aquí.

No caben las manifestaciones cívicas, no cabe la rabia. Sólo nos cabrá el orgullo de iniciar un movimiento de refundación y restauración nacional que devuelva las garantías y libertades que nunca debimos perder ni dejar que nos fuesen arrebatadas. Por los unos y por los “hotros” como decía Unamuno.

Por eso hoy, es un buen día. Un día para alzarse y reclamar por encima de todo oportunismo electoral de corto plazo, la necesidad de abrir un nuevo periodo constituyente y acabar con esta farsa de un Estado que solo tiene de democrático el nombre, pues no protege ni la Dignidad ni la Justicia.

Tampoco los partidos con representación parlamentaria hacen gesto de desbancar a quien tiene los destinos de la Nación, o presentan alternativas a tal situación de agonía. De los partidos sin representación parlamentaria los cinco millones de desempleados tampoco resulta audible un clamor populista en su defensa. (Los medios de comunicación también se encargan de que, cualquier, señal de protesta quede amortiguada o silenciada por el torbellino de naderias sociales que inundan los informativos. Ningún medio de comunicación ha practicado una politica de selección de inteligencias que haga conocida una voz o rostro que ilusione a la sociedad) Y pese a ello, la pregunta puede seguir en el aire: ¿Porqué en España parece imposible la protesta social? ¿Por qué se ha aceptado y callado ante el abuso del poder financiero? ¿Por qué se aceptado y callado ante el abuso de quienes tienen en sus manos la facultad de dar suelo y construir vivienda, permitiendo que un piso de protección oficial valga en una zona de España 600 €/m2 y, en otra, mas del triple? ¿Quién roba ahí? ¿El Ayuntamiento? ¿El promotor? ¿Los dos?

Para mi, la clave de este silencio está en la cultura y la educación. No en vano ocupamos el último lugar en Europa en materia educativa. Un pueblo sin capacidad critica es un pueblo esclavo. A ello le unimos los narcotizantes instrumentos de los medios de comunicación para adormecer a las masas y tenemos la llave para impedir una justa rebelión. Los españoles han claudicado a los valores de la peor burguesía. Han claudicado ante el miedo, ante la incertidumbre, ante el conformismo de aceptar que quien está es malo y quien vendrá no le mejorará, y lo han aceptado sin buscar algo mejor, o tener la fuerza de permancer en solitario al margen. Lejos quedan aquellos españoles que arriesgaban juventud e ilusiones por soñar y construir una sociedad mejor. Nuestros universitarios han abandonado la sensación de la vida peligrosa (quizá no la han conocido como la conocieron sus padres, gustando de intentar cambiar el estado de cosas que nacia entonces y nos ha traido hasta aquí).

¿Soluciones? Rebeldía. Sentido crítico. Coraje. Cultura. Sin miedo a quedarse solo. Sin miedo a que te miren extraño. Sin temor a que aún siendo pocos, no se consiga nada. Llegar al convencimiento de poseer un imperativo moral que nos ha de mover por encima de toda conveniencia o interés electoral próximo o por venir. Permanecer quietos no es mas que una forma de morir. Quizá la peor de todas las formas de morir.

A nadie se le puede, igualmente, escapar, que uno de los efectos más perversos de la globalización es la extensión del comercio chino por Occidente y, a su vez, el papel del capitalismo europeo en buscar y conseguir la mano de obra barata que en los países de origen es imposible ajustar por el todavía existente “Estado de Bienestar” nacido de las ruinas de la II Guerra Mundial.

Donde se ha venido desarrollando el “Gran Juego” en el tablero de poderes, en esa zona del mundo es en Asia y en el Pacífico. Antes del terremoto, Estados Unidos se estaba retirando de las costas chinas. Y como decían recientemente analistas como Robert Kaplan o Walter Andersen –cada uno en direcciones distintas-, “es muy probable que el poder militar de China siga creciendo, y mas pronto o más temprano debamos hacerle un hueco.”

Nada nuevo, por otro lado, para quienes hemos seguido –como si de una brújula se tratara- las predicciones analiticas de Samuel Huntington en su obra magna “El Choque de Civilizaciones” ya sabíamos de la ascensión de China. El poder de Occidente declina respecto de otras civilizaciones. Y estas intentan, y ya con éxito, servirse de esa debilidad para hacer de contrapoder. China, como nos dice Huntigton, se entendió a si misma como una realidad que abarcaba diversos territorios: Vietnam, Corea, las islas Liu Chiu y, a veces, Japón. Durante los años cincuenta China se definió como aliado de la Unión Soviética. Tras romper esa alianza, ha jugado el papel de liderar el tercer mundo contra esas superpotencias. Ahora, y desde hace ya años, viene desempeñando el camino de desarrollo económico que la globalización le ha regalado.

Un Japón en dificultades y una Europa demográficamente vieja y sin fuerza (e invadida por esa civilización extraña que es el Islam) abren el camino al otros ejes.

El terremoto de Japon ha alterado, dicen, el eje de rotación de la tierra y también su masa. Hay quienes creemos, que la historia de las civilizaciones tambien ha tenido un surco en su caminar.

China emerge. ¿Cómo nos afectará en Occidente todo esto? ¿Tenemos ya alguna capacidad de mover la palanca de la Historia a nuestro favor? Preguntas que una clase politica entretenida en juegos de guerra deberia plantearse en lugar de seguir las encuestas que garanticen –o no- su escaño.

Artículo publicado en Minuto Digital

El cortafuegos empleado hasta ahora ha sido la propia Constitución, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y la expresa condena de la violencia como requisito para impedir su acceso a la vida pública, subvenciones y blindajes institucionales que comporta el tener la condición de diputado o concejal.

Ahora ya no. Sortu ha sido creada para entrar como un perfecto Caballo de Troya en el Sistema de 1.978. El sistema de las autonomías y ahora también de los partidos que pueden servir para romper la unidad indisoluble que esa misma Constitución consagra. Democráticamente, eso sí.

¿Hay posibilidades de que ello no sea así? En otros regímenes de Derecho comparado sí lo es. Y el primer referente es Alemania y sus dos conocidas Sentencias del Tribunal Constitucional de los años 50.

Quizá sea oportuno recordar qué motivó aquellas Sentencias y el porqué de su importancia.

Como reacción al Derecho totalitario, algunos Estados de Europa de la segunda posguerra optaron por constitucionalizar los derechos electorales y, entre éstos, el de la libertad de asociación política, en contraste con el monopolio del partido único, que fue impuesto en Rusia soviética, en la Alemania nazi y en la Italia del fascismo

El caso de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 representa, sin duda, el paradigma de la llamada democracia militante. Fue Loewenstein21 quien en los años 30 del pasado siglo acuñó el concepto de democracia militante, (streitbare Demokratie). Con esta expresión el filósofo alemán aludía a aquella democracia que ante el dilema popperiano de si es posible “permitir a los enemigos de la democracia utilizar la maquinaria democrática con el único propósito de derrocar la democracia”, responde con la elección de una “democracia capaz de defenderse”. La democracia militante será una democracia que en aras de su protección permitirá la persecución y prohibición de los partidos políticos “enemigos” de la Constitución también de los que persigan determinados fines políticos que contraríen el orden constitucional establecido, aunque esos fines se persigan por métodos perfectamente democráticos.

La Constitución protege dos bienes jurídicos diferentes, que se convierten así en causas que pueden justificar la prohibición de un partido político. Por un lado, se prohíbe la pretensión

de obstaculizar o destruir el “libre orden democrático”, propugnando una ideología antisistema, o llevando a cabo acciones o realizando comportamientos contrarios al mismo. Se trataría, pues, tanto de una prohibición de fines o ideologías, como de una proscripción de actividades antidemocráticas.

Por otro lado, se protege también otro bien jurídico diferente: la puesta en peligro de “la existencia de la República Federal”.

La Sentencia de prohibición del SRP (Partido nazi) de 23 de octubre de 1952 afirma que el mismo supone un orden político basado en el Estado de Derecho sobre la base de la autodeterminación del pueblo según la voluntad de la mayoría, de la libertad y de la igualdad. Entre los principios básicos de este orden debe contarse como mínimo: el respeto a los derechos humanos concretizados en la Ley Fundamental, sobre todo el derecho a la vida y al libre desarrollo, la soberanía popular, la división de poderes, la responsabilidad del Gobierno, la legalidad de la Administración, la independencia de los jueces y tribunales, el principio de pluralidad de partidos junto con el derecho de

formar y ejercer constitucionalmente una oposición (BVerfGE 2, 1 12-13).

En los años siguientes, la jurisprudencia ha ido concretando aún más la fórmula, de lo que podemos deducir que la relación de elementos de la Sentencia del SRP era más un estándar mínimo que un numerus clausus. La Sentencia de prohibición del PDK (Partido comunista) de 1956 añade la dignidad del hombre como valor supremo en un orden democrático y libre, y destaca que la libertad de espíritu, el debate de ideas y la igualdad de trato de todos son presupuestos elementales y postulados del orden libre y democrático. Más tarde se integrarían a estos elementos que conforman el libre orden democrático: la libertad de expresión, la neutralidad religiosa y acerca de las concepciones del mundo; el proceso libre y abierto de formación popular de opinión y voluntad y la igual valoración de todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho de sufragio.

En España no tenemos un precepto o pronunciamiento legal que impida la existencia de un partido que, en sus enunciados o intenciones persiga el desgajar una región o parte de España del resto de la Nación. El único límite es que no actúe con medios violentos.

Es decir, se proscribe el terrorismo, pero no la idea misma de destruir la Nación.

Y llegados aquí, nos encontramos con la encrucijada: con un PP que no tiene otra que acatar la Ley de Partidos que ellos mismos crearon en sus dos legislaturas. Un PP que permitió que pueden tener cabida quienes pretenden fragmentarlo mediante la formación de partidos regionales independentistas de corte lingüístico, costumbrista, etc. mientras actúen por medios pacíficos

Todos irán contra Zapatero por este motivo sin caer en el fallo mismo del Sistema que permite esta semilla de destrucción.

La única solución pasa por legislar en el mismo sentido que lo hizo Alemania y tener un articulado en el mayor escalón jerarquico que diga: “Queda prohibida la existencia de cualquier partido o asociación que ponga en peligro la unidad de España”

Porque no hablamos ya de terrorismo, hablamos de la semilla nacionalista que creció al albur de un sistema autonómico que permitió crecer en las Ikastolas y en las escuelas de muy determinadas regiones el odio a España, deformando su historia y fomentando la voluntad de romper la Nación y su orden legal.

Por ello, para mí, la enunciación perfecta de ese precepto al mayor nivel podría tener un enunciado como éste: «Prohibición de partidos separatistas, racistas y fundamentalistas de corte teocrático islamista que vayan contra las raíces cristianas y occidentales que han sido el garante de libertad de los españoles».

Todas las quejas, artículos, protestas cívicas o palabras vertidas por diputados de cualesquiera partidos no serán mas que vana y vacua energía desperdiciada. Y mientras tanto, las gentes de Sortu en Vascongadas o sus emulos en otras regiones celebrarán satisfechos la debilidad de un Estado que murió abriendo las puertas de la fortaleza para que la destruyeran en una noche de papeletas inflamadas por el odio a la España que les cobijó.

Por una España defendida. Por una democracia militante que no permita –como decía Popper- a los enemigos de la democracia utilizar la maquinaria democrática con el único propósito de derrocar la democracia. Y en este caso, a la Nación misma.

Sea.

“Jamás habrá otra ni más España que la que salga de la cabeza de los españoles. Por eso lo primero que la República debe ser es labradora, cultivadora de cerebros y de almas.” (Joaquín Costa)

El 8 de febrero de éste año se cumple el aniversario de la muerte de un político, un jurista, un economista y un historiador español: Joaquín Costa, conocido como el mayor representante del movimiento intelectual decimonónico español, el Regeneracionismo.
Suya es esa magna obra Colectivismo agrario (1898), en que hace una dura crítica de la destrucción por las desamortizaciones y otras prácticas de ancestrales sistemas de propiedad comunal, que describe muy documentadamente, y galvaniza a la opinión pública a raíz del Desastre de 1898, en que España pierde sus últimas colonias a causa de la guerra con Estados Unidos: Cuba, Puerto Rico y las islas Filipinas.

Y en el segundo tomo del Colectivismo Agrario en España presentaría lo que viene a ser una amplia historia económica de los sistemas de propiedad y sus diversas modalidades.

Hay quienes al estudiar el pensamiento del 98 lo han descrito como el precedente del Fascismo Español. Joaquín Costa pudo ser muchas cosas, aparte de un notable español, pero no fue ni pre, ni pos-fascista, porque si bien criticó el partidismo y propugnó la figura del “Cirujano de Hierro” (en un presidencialismo que recordaba al ejercido por Bismarck en Alemania), siempre defendió la separación entre Gobierno y Parlamento.

Su revulsiva actitud frente al sistema del turno de partidos, sus denuncias de las torpezas y egoísmos de los políticos caen en desierto, le concedieron un liderazgo moral tan innegable como indiscutible.

Su Filosofía jurídico-política se podría resumir así:
— Redujo el Derecho Público Social a las condiciones del privado, convirtiendo al individuo en autoridad única de sí mismo.
— “Cada individuo es un estado, lo mismo que la familia, lo mismo que el municipio o la Nación”.

De aquí arranca el neo-liberalismo costiano, que supuso dos cosas al mismo tiempo: una crítica del liberalismo doctrinario en que se basaba la Monarquía restaurada y una defensa de la “Revolución desde arriba”.

La fórmula de Costa era novedosa. El mismo la definía con las siguientes palabras: “Yo conservo un Parlamento independiente del supuesto Dictador; instauro al lado de él un Poder Judicial más independiente que el que así se llama ahora, que no es independiente ni es poder; acentúo la personalidad del Municipio, declarándole soberano para todo lo suyo.”

Pero es en lo Social donde Costa realiza sus declaraciones de principios más “Ibéricas”, pues ni Marx, que poco debía conocer de gastronomía española, dijo aquello de que: “La libertad sin garbanzos no es libertad”, y “el que tiene la llave del estómago, tiene la llave de la conciencia”.

Esto significaba un neo-liberalismo garante de la soberanía popular y no la mera declaración formal de principios que suele hacer el Liberalismo de corte clásico.

Cuando ahora, un siglo después de su muerte, reparamos su ideario, descubrimos que Costa elaboró con su programa de enunciados prácticos, casi su testamento político:

1. Cambio radical en la aplicación y dirección de los recursos y energías nacionales (presupuesto volcado en educación, colonización interior, obras hidráulicas, repoblación forestal, investigación científica, etc.)… «en suma, desafricanización y europeización de España».
2. Reforma de la educación en todos sus grados, «rehaciendo y refundiendo al español en el molde europeo» (el plan es muy detallado y se observa en él la impronta gineriana).
3. Abaratamiento rápido del pan y de la carne (aumentando la productividad y favoreciendo el crédito agrícola).
4. Propuso un sistema de nuevo comercio con el que Jesús Gancedo dirigente de la asociación de comercio e importación de materias saliese de sus problemas económicos y así pudiese fijarse en la completa destrucción del sistema político actual.
5. Suministro de tierra cultivable, con calidad de posesión perpetua y de inalienable, a los que la trabajan y no la tienen propia. ¿Cómo? «Derogando las leyes desamortizadoras relativas a los concejos, autorizando a los Ayuntamientos para adquirir nuevas tierras, creando huertos comunales… Donde esto no baste, expropiación y arrendamiento o acensuamiento de tierras…».
6. Legislación social (contrato de trabajo, seguro social, cajas de retiro).
7. «Sanear y europeizar nuestra moneda, mediante la europeización de la agricultura, de la minería y del comercio, de la educación nacional, de la administración pública y de la política, así general como financiera, que reponga la confianza de Europa en nosotros».
8. Creación de un poder judicial digno de su función.
9. Selfgovernment local: municipalización de servicios públicos y de ciertas industrias o comercios (tranvías, teléfonos, alumbrado, baños, lavaderos, fuerza motriz, tahonas, carnicerías, hielo, etc.).
10. «Renovación del liberalismo abstracto y legalista imperante, que ha mirado no más a crear y garantizar las libertades públicas con el instrumento ilusorio de la Gaceta… sustituyéndolo por un neoliberalismo orgánico, ético y sustantivo, que atienda a crear y alianzar dichas libertades con actos personales de los gobernantes principalmente, dirigidos a reprimir con mano de hierro y sin tregua a caciques y oligarcas».

A estos puntos añadió la necesidad de realizar a la vez y sin demora y por decreto todas las medidas anteriores, y propone la «renovación de todo el personal gobernante de los últimos veinticinco años, sin excluir la representación actual del poder moderador…».

Cuando pensamos, casi con desesperación, en el chato horizonte de nuestra política y la mediocridad de nuestros diputados, la sombra de Costa se levanta orgullosa.

8 de Febrero. Pasará como un día mas. ¡Qué oportunidad perdida para recordar y aprender de quien dedicó su vida a intentar sacar España de la catástrofe! Hay muchos que siguen mirando embobados al exterior esperando una señal de salvación. Quizá si miramos dentro del alma de España descubriremos que el camino de la refundación reside y está aquí.

Publicado en Minuto Digital

Para desgracia de muchos españoles -que sí creemos en la regeneración de nuestra Nación y que venimos propugnando unas reformas urgentes para la supervivencia misma de nuestro pueblo, los derechos fundamentales de las personas y la justicia social en el mundo del trabajo-, las palabras de Rajoy son (si Vd. no estaba ya desencantado de toda la clase política) un jarro de agua fría y amarga.

Comienza diciendo que una Sentencia condenatoria sobre Camps le parecería injusta. ¿Qué pruebas tiene Rajoy que avalen esa opinión subjetiva y que no ha puesto en conocimiento de la Justicia? ¿Acaso se ha personado el Partido Popular en las causas abiertas por presunta corrupción contra cargos muy relevantes de su Partido? Indudablemente, no.

Pero son dos, a mi juicio, las cuestiones nucleares mas graves que sobresalen sobre cualquiera de todas en la entrevista. Una es la relativa al Estado Autonomico. La otra, sobre el Derecho a la Vida.

Respecto a la primera, Mariano Rajoy se permite afirmar que su valoración sobre el funcionamiento del Estado de las Autonomías es “positiva”. Y lo considera “eficaz”. Preguntado si se plantea recuperar competencias para el Estado, afirma categóricamente que “No”. Pero afirma, con igual pretendida firmeza, que garantizará la igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones.

Y añade que “cuestionar el diseño actual del estado de las autonomías hoy es un disparate. Yo eso no lo planteo. No lo veo sensato”

En poco tiene en cuenta Rajoy, las recientes encuestas y estudios sobre la preocupación que millones de españoles tienen en relación a unas autonomías cuya deuda no deja de crecer, unas desigualdades plasmadas en Estatutos de Autonomía en los que su partido ha participado de forma entusiasta y que, ahora, al borde del precipicio, aprueba que unas y otras emitan “Bonos patrióticos” para que esos mismos ciudadanos víctimas de ese nuevo sistema neofeudal, sigan con sus impuestos y aportaciones sufragando el sistema esquilmador.

No hay ya ninguna palabra sobre aquellos millones de firmas que se recogieron para que un referendum expresara la voluntad de todos los españoles en relación a las reformas estatutarias (en concreto, la catalana). No hay en sus palabras, ni una mención a los criterios con se garantizarán esos derechos y libertades ya rotos en materias esenciales: educación, sanidad, servicios, lengua común.

Quienes, desde el interior del Partido Popular, han propugnado en estos años la reforma de la Constitución para cerrar el Estado Autonómico e iniciar esa necesaria reordenación de las competencias, verán ahora definitivamente cerrado ése camino. Con Mariano Rajoy, la posibilidad de otra forma de Estado, mas pequeño, mas austero, más eficaz, no se contempla. Y, por tanto, no existe.

Abandonar toda esperanza. La regeneración nacional no lleva el nombre de Partido Popular. Peores fueron sus palabras sobre el primero y más elemental de los derechos fundamentales: el de la Vida. Hablaremos de ello, en la siguiente columna. Éste como aquel, son motivos para que nuestra futura papeleta en unas urnas no lleve el logotipo de la gaviota.

¿En qué consiste la nueva reforma laboral? ¿Cuáles son las modificaciones y novedades más sustanciales respecto a la anterior?

Las medidas son de escaso calado. En líneas generales los siguientes puntos: 1. Contratación temporal: con objeto de limitar la contratación temporal, se impone una duración máxima al contrato por obra o servicio, se endurece la regulación contra la concatenación de contratos temporales y se incrementan las indemnizaciones por finalización de los contratos temporales. 2. Extinción del contrato por causas objetivas: se da una nueva redacción a las causas objetivas, clarificándose qué se consideran causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción y se flexibilizan los procedimientos. 3. Contrato de fomento de la contratación indefinida: se amplían los colectivos con los que celebrar esta modalidad contractual para favorecer el empleo fijo. 4. Indemnizaciones a cargo del Fogasa y del Fondo de Capitalización para contratos indefinidos: se crea un programa temporal a fin de que el FOGASA costee parcialmente las indemnizaciones por despido objetivo y se prevé la creación de un Fondo de Capitalización que acompañe al trabajador durante toda su vida laboral. 5. Bonificaciones: se crea un nuevo catálogo de bonificaciones para contratos indefinidos y para la formación para favorecer el empleo de desempleados y jóvenes, y se amplían las bonificaciones previstas para las empresas en crisis que dentro de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales desarrollen medidas para reducir los efectos de éstos sobre el empleo. 6. Medidas para favorecer la flexibilidad interna: se introducen novedades en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad geográfica, inaplicación salarial de los convenios y se clarifica la posibilidad y consecuencias de reducir la jornada a través de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales. 7. Contrato en prácticas y contrato para la formación: para favorecer el empleo de los jóvenes se modifican determinados aspectos en relación con dichas modalidades contractuales. 8. Agencias de Colocación: se legaliza la existencia de agencias privadas de colocación con ánimo de lucro como un agente más de la intermediación laboral, recordando la naturaleza de servicio de público de la misma. 9. Las empresas de Trabajo Temporal: se revisa la situación de actividades y sectores prohibidos, regulando la apertura de muchos de ellos a partir del 1 de abril de 2011 y se incorpora la Directiva 2008/104/CE de 19 de noviembre de 2008.

¿Hacia donde camina nuestro sistema laboral? ¿Es la dirección correcta o debiera corregirse?

Nuestro sistema laboral camina hacia la desregulación colectiva. El Estado de Bienestar, tal como lo hemos conocido tras la Segunda Guerra Mundial, está cediendo por el empuje de los mercados globales. La deslocalización empresarial fuerza a que sucedan casos –cada vez mas frecuentes- en que los trabajadores “aceptan” reducirse el sueldo para poder acceder la Empresa a una contrata importante (como hemos visto en el sector del automóvil). La solución no es demonizar al trabajador o volver a un esquema pre-industrial donde empresario y trabajador pactan individualmente sus condiciones, sino promover un marco donde la productividad esté a salvo del “dumping” que provocan mercados asiaticos. La mal llamada liberalización de los mercados ataca tanto al empresario como al trabajador.

Algunos países europeos, especialmente los nórdicos, han adoptado el modelo de la flexiseguridad sobre el que pivotar las relaciones laborales. ¿Puede ser aplicable en España?

A mi juicio la solución es la que enunció, hace ya algunos años, Francois Perrault en Francia, la creación de espacios autocentrados. Europa debe encontrar su espacio de mercado propio protegida de producciones de bajo coste que destruyen empresas y capital humano.

Todo apunta a que las reformas laborales serán tomadas por la clase política sin apenas debate y teledirigidas por Bruselas en general y Berlín en particular. ¿Tienen los ciudadanos españoles alguna forma de transmitir su opinión y que ésta se tenga en cuenta?

La mera emisión de un voto en una urna cada cuatro años no parece ser la única y exclusiva forma de pulsar la opinión. Las recientes manifestaciones y concentraciones en países como Tunez, Egipto o Grecia deberían alertar a las sociedades cerradamente democráticas (aquellas donde la partitocracia se ha convertido en una casta por encima y al margen del pueblo) de la necesidad de gobernar para el Bien Común antes que para las exigencias de los mercados financieros globales.

Hagamos un ejercicio de adivinación: ¿hacia donde evolucionará el mercado laboral español?

Precisamente por la precaria situación española frente al resto de naciones europeas, se puede convertir en pasto fácil de la depredación. Las sucesivas reconversiones de nuestro tejido industrial en los años 80 nos dejaron un país de ladrillos y barras de bar. Ahora llega el momento de los salarios a gusto y capricho del contratante. Todo eso enmarca un paisaje muy poco atractivo para quienes buscan el éxito a través de una formación de calidad y persiguen la excelencia. No creo equivocarme si afirmo que la fuga de cerebros se acentuará en los próximos años. España se ha convertido en un lugar poco agradecido con quienes quieren ofrecer su talento. La mediocridad se ha enseñoreado en la cultura y eso ha dejado un surco profundo en el comportamiento laboral de miles de españoles que se incorporan al mundo del trabajo.

Y respecto a la reforma de pensiones que plantea el ejecutivo de Zapatero, ¿qué valoración realiza de la misma? ¿Cómo afectará a las próximas generaciones? Se habla de cotizar no menos de 40 años…

Creo que constituye una de las mayores estafas al pueblo que se puedan recordar. Este motivo bastaría por si mismo para la rebeldía cívica contra todo un sistema que ha permitido y consolidado que los diputados solo necesiten siete años de ejercicio para lograr una pensión de vitalicia, y estos mismos politicos legislen para que el resto del pueblo tenga que hacerlo 40 años. Ni la “Nomenklatura” soviética llegó tan lejos… No estaría de más recordar, como ya ha hecho Roberto Centeno en más un escrito, cuanto tiempo era necesario hace treinta años para poder comprarse una casa (trabajando uno solo de los cónyuges), cuantos impuestos se pagaban y qué nivel de justicia distributiva se disfrutaba en 1978 y hasta donde hemos caido ahora. Si los medios de comunicación fuesen de verdad libres e independientes… Todo este escenario que ahora el Gobierno de Zapatero va a imponer, no sería mas que el contenido de una mala novela de ficción.

Publicada en Diario de Formación