La imagen de la sonrisa cogida de unas manos impostadas de Zapatero y Rajoy en La Moncloa no dio solución al colapso nacional que va camino de atenazar a todos los españoles en un callejón de difícil salida. La negativa de Rajoy a hablar con los periodistas otra cuestión que no sea la económica. Su obsesivo deseo de afirmar que es “la alternativa” (cuando no es sino mera alternancia de lo mismo en lo moral, cultural y autonómico). Su cobardía en no pedir al Presidente la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones le convierten en el tapón a la regeneración nacional.

La imagen de un Zapatero –preso, sin duda, de algún problema psíquico profundo- buscando una foto que haga subir los índices bursátiles, sin tocar un pelo a sus cómplices en este desastre, lo dice todo.

Pero mi reflexión va más allá de dos meros personajes a los que la historia contemplará como mediocres actores de una etapa oscura y dramática. Mi reflexión se cuestiona quién juzgará a los que nos han conducido a esta situación.

Toda nuestra legislación establece respuestas de responsabilidad por los daños causados. Por los ilícitos penales o civiles cometidos. Quizá sea –y ya es uno más- uno de los privilegios más importantes de la casta política española: la ausencia de responsabilidad cuando se ha causado un grave perjuicio a la actual generación y a la venidera.

Pronto, y en la estela de las medidas exigidas a Grecia, veremos que alguien tendrá que tomar decisiones dramáticas en la misma dirección que se están exigiendo por la UE: subida de impuestos, aumento de la edad de jubilación, reducción de sueldos, mayor desprotección del trabajador ante los despidos, eliminación de deducciones por la compra de vivienda, etc, etc.

Nadie va a preguntar qué bancos han tenido situación de quiebra técnica y porqué. Y qué responsabilidad se ha exigido a sus gestores. Nadie va a preguntar cuánto nos supone a los españoles salvar a esas entidades.

Nadie va a preguntar por el coste del Estado Autonómico, verdadero cáncer de la Nación Española y que se cifra por la prensa extranjera en 24 mil millones de euros (un 2,4 % del PIB español), y qué medidas tomará el Gobierno para acabar con esa sangría y ruina.

Nadie va a pedir cuentas por el caos sanitario entre comunidades autónomas. Sobre el coste de aislar y perseguir el español como lengua común.

Nadie va a preguntar ni pedir cuentas sobre el conjunto de ayudas internacionales que presta España –queriendo parece más generosa que ningún páis de la UE- en una situación muy cercana a la quiebra nacional.

Nadie va a exigir a la clase política que sean cesados y vayan al desempleo en las mismas e idénticas condiciones que los cinco millones de parados que cargan con su incertidumbre y desesperanza día a día.

Y yo me pregunto, ¿quién les juzgará?

Me pregunto dónde estará esta casta política cuando las subidas de impuestos lleguen y atenacen, aún más, a la estrangulada clase media y pequeños empresarios.

Me pregunto dónde estarán cuando la deslocalización siga dejando españoles sin empleo.

Me lo pregunto y miro a los bancos, miro a los que habiendo conseguido un flujo monetario a un interés irrisorio en el interbancario europeo han sido los responsables de prestarlo a un interés insoportable a los empresarios –cuando no se lo han negado directamente-.

Llegarán elecciones y uno querrá seguir en su palacio gótico. El otro querrá disfrazarse de alternativa. ¿Quién les juzgará?