No deja de ser significativo que Zapatero haya elegido Davos (foro donde los financieros examinan y ponen en el carril adecuado a los políticos dóciles) como lugar para iniciar descarnadamente los recortes sociales a la población más castigada por el desempleo de toda Europa. Lejos de la adopción de cualquier medida para reformar un sistema financiero que se ha alejado de su función social -que no es otra que otorgar y dar crédito- evitando la especulación sobre instrumentos artificiosos, el gobierno socialista español, feroz en su labor de ingeniería social (la última señal es la de incitar a la población al cibersexo como eficaz narcótico contra toda protesta callejera), rompe otra de sus promesas: el no recortar los derechos de los trabajadores.

Zapatero rehuyó –como sí habían hecho gobiernos anteriores de uno u otro signo- consensuar toda reforma que afectara a los pensionistas.

Anuncia ahora una reforma laboral que, siempre se ha saldado con una mayor precarización del empleo. ¿Acaso se ha olvidado la reforma laboral de 1994 donde proclamaban que la contratación temporal descausalizada iba a poblar nuestro país de pleno empleo?

En el camino hacia los seis millones de parados ni este gobierno ni la fracasada oposición (que espera silente a tomar el relevo sin modificar ni una sola de las leyes ideológicas del socialismo) van a atacar uno de los mayores males del sistema político español: el ruinoso Estado de las Autonomías. Las comunidades autónomas cerraron el 2.009 con una deuda acumulada de 68.170 millones, un 14,17% más que el año anterior. El ritmo de crecimiento es tan fuerte que sólo en los tres últimos meses del ejercicio pasado, el déficit autonómico engordó en 5.257 millones.

Mientras tanto, Zapatero pretende alargar la jubilación hasta los 67 años y ampliar la franja de años trabajados para poder percibir una pensión (lo que, indudablemente, provocará una reducción de la cuantía de las mismas).

Habrá que recordar a la clase política aquél texto que un indignado ciudadano publicó recopilando los intolerables privilegios de quien nunca tendrá problemas para cobrar una pensión: “Es indecente que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste con siete y los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesiten jurar el cargo. Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF. Que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año; que sus señorías cuando cesan en el cargo tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses; que ex ministros, ex secretarios de Estado y altos cargos cuando cesan son los únicos ciudadanos que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público. Mientras… hablan de política social y derechos sociales. Qué indecente”.